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El pasado once de octubre el Gobierno aprobaba una reforma del Código
Penal dirigida fundamentalmente a criminalizar y reprimir acciones de
movilización y protesta. El Estado se prepara así para un posible
estallido social en los próximos meses.
Miguel Lucena * | Periódico cnt
La reforma penal que ha aprobado el gobierno del PP está pensada
básicamente para criminalizar y reprimir todos los movimientos sociales
de protesta que se están llevando acabo a lo largo y ancho de la
península ibérica. De hecho los artículos reformados en especial hacen
hincapié en penalizar, o sea convertir en delito, actuaciones que hasta
el momento no lo eran pero que están intrínsecamente vinculadas a las
acciones de protesta y lucha social por las políticas neoliberales
aplicadas por España.
De hecho con esta reforma se puede decir que se ha transformado
España en un cuartelillo, por ello no es de extrañar que los elementos
menos conservadores de la judicatura española como la Asociación de
Jueces para la Democracia hablen claramente de que con esta reforma
penal se transforma a España de un “Estado social a un Estado penal”.
Ello es así puesto que entre la reforma de los delitos existentes en el
Código Penal, así como la inclusión de nuevos delitos en el capítulo de
desórdenes públicos, atentados y resistencia a la autoridad, a partir de
que se apruebe dicho Código Penal tendremos la legislación más dura,
más restrictiva de las libertades individuales y colectivas de toda
Europa; ello nos ha de llevar a pensar que los recortes sociales que se
avecinan deben ser de tal magnitud que deben preparar un código penal a
medida.
Tomemos por ejemplo la inclusión en el Código penal de un nuevo
artículo, el 557 ter. que castiga con pena depresión de tres a seis mes o
multa de seis a doce meses a “los que, actuando en grupo, invadan u
ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona
jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o
local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una
perturbación relevante de su actividad normal”. Esto es convertir en
delito las ocupaciones de oficinas bancarias, dicho en palabras llanas,
quienes entren a ocupar un banco podrán acabar en la cárcel.
En el mismo sentido de penalizar las protestas sociales nos
encontramos con que el nuevo artículo 560 bis del CP sanciona a “quienes
actuando individualmente, o mediante la acción concurrente de otros,
interrumpan el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o de
los medios de transporte público y alteren con ello de forma grave la
prestación normal del servicio” con una pena de tres meses a dos años de
prisión o multa de seis a veinticuatro meses. O sea, que todos los
piquetes informativos que se monten en los servicios de transporte pueden
acabar en la cárcel.
Pero esto no es todo, con la nueva redacción que se le da al delito
de atentado contra la autoridad pueden acabar con sus huesos en prisión
incluso aquellas protestas que sean pacificas, ya que el nuevo artículo
550 define como atentado contra la autoridad: “los que agredieren o, con
intimidación grave o violencia, opusieren resistencia a la autoridad, a
sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se
hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de
ellas.”; su castigo “penas de presión de uno a cuatro años y multa de
tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de
seis meses a tres años en los demás casos”. Esto supone que cualquier
actuación en una protesta puede acabar conllevando la prisión.
Además de todo lo anterior cabe señalar que también se criminaliza y
se condena con pena de prisión de tres mes a un año las difusiones por
cualquier medio de consignas o mensajes que inciten a las
manifestaciones, (ex. art. 559).
Así pues, compañeros hemos de apretarnos los machos porque la reforma
del Código Penal está pensada simple y llanamente para el estallido
social que se avecina.
* Miguel Lucena, abogado y afiliado a CNT Cornellá
