Vidal Coy
El sobreseimiento de una causa contra un alcalde del Partido Popular ha provocado la polémica sobre esos procedimientos en Murcia, que tiene actualmente 40 causas por corrupción abiertas en una región de 45 municipios. En esa llamativa proporción no están todos los que son, puesto que hay algunos ayuntamientos que no tienen ninguna, pero sí son todos los que están, algunos varias veces.
Un juzgado de Cieza acordó recientemente, a petición de la Fiscalía regional, sobreseer la causa que se seguía contra el alcalde del PP, Antonio Tamayo, por prevaricación y delito contra el medio ambiente denunciado por el PSOE. El partido del edil aprovechó la ocasión para resaltar, por boca de su portavoz parlamentario regional, Juan Carlos Ruiz, que este es el caso número 64 en que han sido desestimadas denuncias de otros partidos contra ediles populares…
Fuentes jurídicas consultadas mostraron su sorpresa por el cómputo, puesto que solamente hay constancia de 40 casos abiertos en los últimos años contra representantes de partidos políticos o empleados públicos por presunta corrupción en los 45 municipios de la Región. La oficina de prensa del PP no facilitó la lista de los 64 casos desestimados que le fue solicitada por este diario.
De los 40 asuntos comprobados de presunta corrupción abiertos en la Región de Murcia, 28 afectan a concejales y alcaldes del Partido Popular en distintos municipios. Destaca entre ellos el llamadocaso Umbra, en el que están imputados el actual alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, los dos anteriores concejales de Urbanismo, Pilar Megía y Fernando Berberena, y empresarios, funcionarios y abogados, por prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias y trato de favor a las empresas promotoras de millones de metros cuadrados en el norte del municipio capitalino.
Los municipios gobernados por el PP de Águilas, Puerto Lumbreras, Fortuna, Totana, Fuente Álamo, San Javier, Torre Pacheco, Blanca, Fortuna, Totana, Alcantarilla, Alguazas, Caravaca de la Cruz y Murcia tienen o han tenido uno o varios casos judiciales por presunta corrupción en los últimos años.
En ellos, el tamaño no es lo importante, como prueba el pequeño municipio de Puerto Lumbreras, limítrofe con Almería, que tiene tres causas abiertas. En dos de ellas -por prevaricación urbanística y por prevaricación administrativa- está inmerso el acalde, Pedro Antonio Sánchez. Pero el gran municipio de la capital murciana -450.000 habitantes, séptima ciudad española- no le va a la zaga, pues además del Umbra tiene abiertos otros tres casos.
Uno de estos últimos lo comparte con Alcantarilla, igualmente gobernada por el PP, por contaminación del río Segura, y ostenta el dudoso honor de ser el más antiguo aún en curso, ya que se inició por una denuncia de Izquierda Unida en 1999.
Del lado socialista, con un total de siete procedimientos, llama la atención el caso Limusa en Lorca, uno de los pocos que ha sido cerrado con la condena de dos exconcejales del PSOE -Bartolomé Soler y Jesús Molina- y el exgerente de la empresa municipal de limpieza.
También tiene el PSOE su pequeña heroína gracias a Resurrección García, que gobernó Lorquí entre 1995 y 2007, y se sentará próximamente en el banquillo por rebajar a capricho 27 sanciones urbanísticas, cosa presuntamente constitutiva de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Entre los procedimientos acabados, el Partido Popular se lleva la palma por las condenas obtenidas en Totana por el exalcalde Juan Morales -actualmente en la cárcel por prevaricación, cohecho, falsedad, entre otras causas-, y en Fortuna por el exalcalde Matías Carrillo -inhabilitado por el Tribunal Supremo por delito electoral consistente en la compra de votos y prevaricación-. El sucesor de Morales, el también popular José Martínez Andreo, tiene una petición fiscal de tres años y cuatro meses por coacciones y obstrucción a la justicia por tomar represalias contra el denunciante de los hechos que llevaron a la cárcel al anterior alcalde.
Los dos partidos mayoritarios se reparten los casos -PP, 28; PSOE, 7- en una proporción casi idéntica a la de municipios en que gobiernan de los 45 que tiene la Región de Murcia. Pero en semejante maremágnum de presuntos delitos investigados por los fiscales, no pueden faltar los funcionarios de la Administración regional. Son los cinco que restan para totalizar los 40.
De ellos destaca la petición fiscal de imputación del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá -que tenía competencias de medio ambiente-, en el caso Novo Cartago, que se inició por la reclasificación como urbanizable de un espacio natural protegido.
Más avanzado está el asunto que afecta al actual director del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón, pendiente de juicio y con petición de ocho años de inhabilitación porque supuestamente prevaricó cuando era director general de Patrimonio al autorizar que se desmontara un yacimiento arqueológico árabe en pleno centro de Murcia. Las protestas ciudadanas consiguieron paralizar el desaguisado.
